Hay lugares donde la ciencia debería oler a reactivos, libros y silencio académico, y otros en los que, por desgracia, el aire empieza a impregnarse de sospechas, trámites opacos, favoritismos familiares y amenazas soterradas. En el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Tlaxcala, ya no se habla tanto de investigación sino de una historia que, contada por distintos integrantes del propio instituto, parece una crónica larga de administración arbitraria: un relato que inicia en febrero de 2019, con la llegada de Diana Verónica Cortés Espinosa a la dirección.
Cuentan quienes estuvieron allí que, apenas llegada, la doctora Cortés reorganizó su estructura orgánica con una precisión militar: nombró al Dr. Miguel Ángel Plascencia como Subdirector de Innovación, el hombre responsable del activo fijo, de la infraestructura y del equipamiento del CIBA; mientras que en las áreas de recursos materiales y financieros permanecieron a pesar de haber cumplido ya los tres años marcados por reglamento la C.P. María Isabel Jiménez Partida, Lic. Agustín Hernández Milán, y en el area de posgrado también permaneció la Lic. Edith Perez Cano, según relatan empleados, se convirtieron en piezas funcionales para el control absoluto de recursos y decisiones academico-administrativas.
El primer escándalo no fue pequeño. Dentro del CIBA corría el dato de que la directora evitaba entregar el listado completo del activo fijo institucional, tema que escaló hasta la secretaría de investigación y posgrado del IPN. El último censo, realizado en 2018, registraba aproximadamente 1800 equipos y bienes del IPN. Y sin embargo, desde 2019, jamás se ha vuelto a conocer públicamente inventario completo alguno. En reuniones del Colegio —como la de octubre de 2021— Cortés Espinosa afirmó que estaba “actualizado al 60%”, sin entregar documento, número de registros, ni listado. ¿Por qué ese hermetismo?, nadie lo ha explicado con claridad. Pero en los corredores del Instituto se comenta con insistencia una sospecha notoria: parte del equipamiento habría podido terminar en manos de empresas privadas relacionadas con el esposo de la directora, el Dr. Ángel Absalón Constantino, quien laboró hasta 2016 en el propio CIBA y que, tras su salida institucional, siguió entrando al centro para utilizar equipos diversos como el desmineralizador de agua, llenar botellas y, según varios testimonios, también sacarlo en su vehículo particular.
El punto se vuelve más inquietante cuando aparecen nombres corporativos: VaxBiotek S.C. y Genómica Estructural y Biotecnología S. de R.L., empresas ligadas a Ángel Absalón Constantino. Según varias fuentes internas, el CIBA habría sido proveedor de materiales, reactivos, pago de servicios que fueron suplidos a dichas empresas sin que existan evidencias de material, reactivo o servicio entregado en CIBA-IPN. Y ahí entra un personaje discreto: Andrea N., una joven egresada del IPN y vinculada laboralmente con la empresa del Dr. Absalón, quien fue vista en fechas recientes ingresando al CIBA en el auto de la directora y, presuntamente, utilizando instalaciones institucionales. Si la ciencia mexicana tuviera banda sonora, seguramente aquí sonaría un violín negro.
Nada fue tan escandaloso, sin embargo, como la construcción del nuevo edificio de investigación del CIBA. En 2018 existía una propuesta técnica de casi 15 millones de pesosrevisada por una comisión académica que trabajó en varias reuniones para desarrollar el plan del nuevo edificio. Pero tras la llegada de la directora Diana Cortés, el proyecto creció hasta superar los 60 millones en 2020. La comisión técnica original —conformada por académicos— jamás volvió a ser convocada; los procesos quedaron bajo control exclusivo de Cortés Espinosa y del Subdirector Plascencia. Cuando la obra se inauguró discretamente en 2021, los profesores descubrieron espacios divididos con tablaroca en lugar de muros, ventilación inadecuada para gases tóxicos, duplicación de equipos por investigador, pérdida del concepto de laboratorios funcionales y, lo más inquietante, absoluta opacidad sobre traslado de equipamiento sin vales de salida del edificio La Troje, ni de ingreso al nuevo edificio. Equipos entraban y salían sin registro, y nadie podía asegurar qué era institucional y qué no, situación muy conveniente para la directora que el translado se hubiera realizado con esta falta de formalidad institucional.
La historia continúa como un manual de cómo no administrar fondos públicos: baños en La Troje que se remodelan sin necesidad —trabajos valuados por personal interno en no más de $30 mil pesos, pero facturados aparentemente por montos superiores que casi alcanzan los dos millones de pesos—, renta anual de camionetas sin justificación cuando el centro dispone de vehículos propios, mantenimientos repetidos al mismo equipo, HPLC, Analizador Elemental, éste último que casi nadie recuerda haber visto funcionar. Cambio completo de techos de policarbonato que solo tenían dos años de antigüedad, pintura constante en fachadas, servicios de mantenimiento de rechinidos de puertas. Asi como lo leen, servicios pagados para que se vaya a revisar como cierran las puertas!!. Informes parciales del uso de recursos, listados inexistentes y silencios administrativos calculados. Un paisaje, digamos, poco digno de la biotecnología mexicana.
Paralelamente se fue sembrando el miedo académico. Profesores denunciaron hostigamiento directo: actas administrativas fabricadas, participacion de los tres subdirectores para incriminar académicos, personal administrativo (jefatura administrativa) sumándose a la persecución de académicos o hasta el personal de limpieza siendo presionados para firmar declaraciones en contra de investigadores críticos. También estudiantes son aterrorizados: entre julio y agosto de 2025, una alumna que se inconformó por calificación en dos materias fue citada sin aviso previo a una reunión con nueve profesores, incluida la defensora de derechos politécnicos. Allí, se le aplicó un examen oral sorpresa —parece hecho a propósito para reprobarla— y, peor aún, un careo público donde se le obligó a explicar las quejas que había presentado contra de la profesoras presentes en dicha reunión. Otro caso son estudiantes politécnicas con experimentos al interior del CIBA a quienes se les nego el acceso al CIBA sin causa justificada y por lo tanto ya Sido afectado de forma irreversibles experimentos que tenían más de un año de haberse instalado.
Los pasillos cuentan que la directora ha amenazado a investigadores con retirarles espacios de trabajo, impedir proyectos, bloquear tesis y expulsar estudiantes, amenazas que en algunos casos se han cumplido. Los murmullos hablan de un estilo de mando punitivo, vengativo, vertical hasta la médula. Y aunque a veces pudiera parecer exageración universitaria, las coincidencias entre presupuesto, aumento de obra pública, contratos, silencio administrativo y beneficios indirectos a redes cercanas dejan un sabor inquietante.
Falta aún el capítulo político: la doctora Cortés fue señalada como una de las voces que, dentro del IPN, promovió el uso del Patronato Corazón Guinda y Blanco, mecanismo paralelo al histórico fideicomiso de la Fundación Politécnico. La relación con Javier Tapia Santoyo, exsecretario administrativo del Politécnico, se volvió tema recurrente en pasillos, especialmente al conocerse que directivos impulsaron ese fideicomiso de forma discrecional como es el caso del CIBA. Existe —según fuentes internas— una grabación donde la directora anima a profesores y estudiantes a utilizar dicho fideicomiso. En un país donde la política se ha entrenado a operar con fondos difusos, la escena no sorprende demasiado.
Lo grave no es sólo la sospecha: es que la ciencia mexicana pueda terminar convertida en botín administrativo, que un centro de investigación funcione bajo temor, que equipamiento pagado con presupuesto federal pueda terminar alimentando empresas privadas relacionadas familiarmente, y que cualquier intento de revisión sea respondido con hostigamiento institucional.
Quizá algún día, cuando alguien se atreva a revisar con lupa esos 1800 registros y la gestión de obra, facturas, fideicomisos y accesos irregulares, sepamos exactamente qué pasó. Tal vez entonces aparezca claro cuánta ciencia terminó convertida en recurso privado, cuántas vidas académicas fueron castigadas por disentir, cuántos estudiantes fueron disciplinados por levantar la voz, y cuánta infraestructura pública terminó ayudando a negocios particulares en vez de servir a la biotecnología mexicana.
Mientras tanto, en los pasillos del CIBA-IPN, muchos caminan sin mirar demasiado, como quien evita toparse con lo obvio. Porque en esa historia —dicen los más viejos— no sólo hay ciencia. Hay poder. Y a veces, en México, el poder no se usa: se aprovecha.
